Origen de la Política

Según Hidalgo (1999) los elementos  que identifican el territorio urbano residencial en Chile son los diferentes conjuntos de viviendas sociales que se han construido en el país  a lo largo del siglo XX, las experiencias habitacionales y las tipologías de vivienda. Fue en 1906 la Ley de Habitaciones Obreras la primera en abordar el tema habitacional en Chile, convirtiéndose en pionera en países latinoamericanos como en Argentina (1915) y Colombia (1918). En el caso para la elaboración de la ley chilena fueron utilizadas de base las legislaciones belgas y francesas de los años 1889 y 1894, lo que da importancia al ámbito europeo, la experiencia inglesa y la ley sobre vivienda de las clases trabajadoras de 1885.

El mismo autor presenta en los primeros pasos una ordenanza a normar en el año 1843 los cuartos redondos, aquellas viviendas que no tenían más luz ni ventilación que la que provenía de la puerta de entrada. En 1883 la Municipalidad de Santiago estableció diversas concesiones y franquicias hacia los constructores de habitaciones para obreros, y en el año 1888 dictó un reglamento para la construcción de conventillos, los que se definían como un conjunto de cuartos redondos, alineados a lo largo de una calle interior, que luego se incorporaron en la Ley de la Comuna Autónoma de 1892, tal ley prohibía la construcción de ranchos de paja dentro de ciertos límites urbanos e incluyó entre las acciones municipales la de fomentar la construcción de conventillos higiénicos. Luego en el año 1925 se promulgo el Decreto Ley 261, que se conoció como Ley de la Vivienda y establecía entre las medidas más relevantes, la reducción del 50 por ciento de la renta de alquiler de las propiedades declaradas insalubres, limitaba los precios de los arriendos de las viviendas salubres, eximía el pago de contribuciones  y la prohibición de desalojo a los arrendatarios antes de los seis meses. En el mismo año se produce la creación de la Ley 308 que marcó el inicio de actividades por parte del Estado que influirían en el conjunto de la política social que se iniciaba en esos años, esta ley creó el Consejo de Bienestar Social que reemplazó al Consejo de Habitaciones Obreras de 1906.

Hidalgo (1999) señala que:

El Estado en cada acción fue adquiriendo más compromiso con el problema habitacional. Intervino fijando normas de construcción, fomentó la intervención del sector privado, reguló los arriendos y buscó proteger a la población de los especuladores, promovió la creación de cooperativas de vivienda y por último también comenzó a construir directamente nuevos lugares de alojamiento para la población más necesitada. Las limitaciones que se plantearon en la aplicación de estas medidas en las primeras décadas del siglo XX, fueron tenidas en cuenta para crear en 1936 la Caja de Habitación Popular, que sería hasta 1952 el ente encargado de desarrollar los programas relativos a la vivienda social.

Esta agencia del Estado tuvo como objetivo central la edificación de viviendas salubres y baratas, estimulando preferentemente la iniciativa privada. Operativamente dependería del Ministerio del Trabajo y sería administrada por un Consejo Superior compuesto de diez miembros. Entre las funciones principales del organismo en cuestión cabe desatacar: la construcción de viviendas, la concesión de préstamos, la urbanización de barrios obreros y la concesión de subsidios, entre las más significativas. En el periodo transcurrido entre 1936 y 1952 la Caja de Habitación Popular estuvo presente en la construcción de 43.410 viviendas.

El autor da a conocer que posteriormente en la década de 1950 se crea la Corporación de Vivienda (CORVI), una especie de organismo motor del Plan de vivienda y se vinculada a la reforma de la administración pública que se produce en Chile hacia ese periodo, se fortalece la construcción de grandes conjuntos habitacionales y se encarga de la ejecución, la urbanización, la reconstrucción, la remodelación y la reconstrucción de barrios y sectores comprendidos en Plan de Vivienda y en los Planes Reguladores elaborados por el Ministerio de Obras Públicas.

En la misma línea del autor ya en los años 1960 Chile en aspectos habitacionales se vio marcado por la promulgación del Decreto con Fuerza de Ley Nº2, que buscaba la participación del sector privado en la construcción de unidades habitacionales definitivas, y donde se establece el Programa Nacional de Vivienda que comienza a incentivar el ahorro previo de las postulantes a viviendas sociales antes de poder acceder a ellas, por lo que también se instaura el Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo para la vivienda. En la década de los 40 se presentó una iniciativa parecida, llamada Ley Pereira que establecía parámetros para definir las viviendas económicas y entregó franquicias a las empresas constructoras con el fin de fomentar la construcción de viviendas populares. Durante el período de los 60 también se inician aquellas unidades de autogestión como la caseta sanitaria, correspondiente a una unidad constructiva que consiste en un baño o lavabo, cocina y un recinto para lavadero o fregadero, y desde donde los beneficiarios deben construir o adosar sus viviendas, tal alternativa servía de base a la mayoría de los programas de vivienda progresiva. Ya para los finales de la década de 1960 se reciben con mayor magnitud la influencia de los movimientos sociales en materia habitacional, se presenta un aumento de la demanda de viviendas en las ciudades, debido al crecimiento vegetativo de la población y a la llegada de un mayor número de migrantes desde las áreas rurales, por lo que en el contexto político social se requiere de soluciones relativamente rápidas. También se presenta como solución las llamadas Operaciones Sitio, basada en los principios de la autoconstrucción y que privilegia más el acceso a la tierra que a la vivienda, entregando la responsabilidad definitiva a los beneficiados. Desde el punto de vista operativo de la acción del Estado cabe destacar la creación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, además estableció el Plan de Ahorro Popular más perfeccionado y estableciendo nuevas categorías de vivienda según los ingresos de las familias demandantes.

Nash y Paredes  (2011) señalan que en Gobierno de la Unidad Popular, se plantearon grandes tareas sociales, dentro de ellas el déficit habitacional, que según Salvador Allende se daba porque la vivienda se consideraba una mercancía, por lo que la actividad se dedicaba básicamente al lucro, es decir, para la adquisición de una vivienda depende solamente del nivel de ingreso de los individuos.

Desde el nuevo modelo socialista, la vivienda ahora ahora se definía como un derecho al que todo el pueblo tenía derecho, es decir, que el Estado, debía garantizar que todos gozaran de el acceso a ésta.

Este nuevo concepto de vivienda, sumando a la modificación en la política institucional, llevó a que grupos sociales aumentaran las ocupaciones ilegales de terrenos, levantándose entonces muchos campamentos.

El gobierno de Salvador Allende entonces, asumió un rol activo, que se transformó en el motor de la política social, postulaban, que ésta no debía regirse por reglas económicas, sino por las necesidades y condiciones sociales.

Se creó en 1971 el llamado Plan de Emergencia, que se centró basicamente en cuatro programas: El programa de construcción de viviendas, programa de financiación de viviendas al sector privado, el programa de urbanización de sitios y programa de equipamiento social.

En 1973, Allende creó una política habitacional que intentaba dar una solución habitacional intermedia, que consistía en poner a los habitantes de los campamentos en condición de prioritarios para poder darles prontamente una solución definitiva.

Con la llegada al poder del régimen militar, la concepción de vivienda cambió, el gobierno ahora señalaba que la vivienda es un derecho que se debe adquirir con esfuerzo y ahorro, en donde el Estado y la familia debían compartir responsabilidades y que por lo tanto la vivienda no era un regalo del estado.

Dentro de este nuevo estado, el Ministerio de Vivienda se regionaliza y además se crea el  Servicio Regional de Vivienda y Urbanización (SERVIU). Desde ahora, le corresponderá al Ministerio formular y supervigilar las políticas en materia habitacional y urbanística.

Mientras tanto, el país vivía una situación crítica de vivienda; la junta militar decidió entonces redefinir la Política Habitacional, añadiéndole el criterio de responsabilidad compartida, la que buscaba que las socluciones habitacionales no estarían sólo en manos del Estado, sino también en manos de los beneficiarios.

En 1978 se crea el Porgrama de Subsidio Habitacional, que era una subvención del Estado que complementaba el ahorro y el crédito hipotecario para incrementar la capacidad de financiar una vivienda para aquellas familias que su máximo esfuerzo aún no se lo permitía.

Antes del término del gobierno militar, y ya con la certeza de la llega de la concertación al poder, se realizó aun análisis de la situación habitacional, la que arrojó tres tipos de déficit: de vivienda, en lo cuantitativo y lo cualitativo, de ciudad y de participación.

Desde ese punto de vista se fueron creando en los gobiernos de la concertación, distintos programas y subsidios con la finalidad de solucionar las falencias mencionadas. Hasta entonces la política social de vivienda, sienta sus principales bases en el gobierno militar, sin aún lograr cambios profundos.

Extraído de:

Nash, F., & Paredes, G. (2011). Análisis Crítico de las políticas de vivienda social en Chile, fundamentos para el reconocimiento del derecho a la vivienda. Santiago: Universidad de Chile, Facultad de Derecho.

 Hidalgo, R. (1999) La Vivienda Social En Chile: La Acción del Estado en un siglo de Planes y Programas. Scripta Nova  Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales.